Por:  Christian Asinelli

Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Una de cada cuatro personas en América Latina y el Caribe no tiene acceso a agua continua y potable. Esto equivale a 163 millones de personas, cifra que es más que toda la población de un país como México, y que incluye a más de 36 millones de personas de la región que no alcanzan a tener agua en sus viviendas. Esto los obliga a recibir agua de carros tanqueros (que no siempre es potable), o a acarrearla en bidones desde riachuelos, manantiales o pozos someros (tarea que por lo general recae en las mujeres, niñas y niños).

Desde una perspectiva territorial, son dos los grandes segmentos que carecen de agua segura: las zonas periurbanas y los territorios rurales. Se estima que alrededor de 100 millones de personas viven en barrios informales, favelas, o asentamientos. Número similar a la población urbana que no tiene acceso a agua segura (106 millones de personas). Mientras que el resto de la población (57 millones) se ubica en territorios rurales. La problemática es aún mayor en el área de saneamiento, donde una de cada dos personas no recibe un servicio de saneamiento seguro, sea porque no tiene alcantarillado (cloaca) o porque su cámara séptica o letrina no es adecuada y los lodos depositados nunca son recolectados y dispuestos en lugares ambientalmente seguros, como son las plantas de tratamiento. Ambas situaciones entran en contradicción con la declaratoria del derecho humano al agua y el saneamiento de Naciones Unidas, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Mientras el acceso a ambos servicios sea limitado, se mantendrán los efectos directos sobre la salud, con incidencia en la mortalidad infantil y en la morbilidad por enfermedades asociadas a la falta o al consumo de agua no apta.

Una de cada cuatro personas en América Latina y el Caribe no tiene acceso a agua continua y potable

Por otro lado, y bajo el contexto de cambio climático, los desastres naturales son cada vez más extremos, con sequías más prolongadas y mayor número e intensidad en las inundaciones debido a lluvias recurrentes. En el caso de las sequías, las pérdidas económicas directas de los últimos 20 años han significado 28 mil millones de dólares (EM-DAT, 2023) para la región, afectando a la población rural que depende del desarrollo agropecuario. La falta de agua conlleva aumentar la pobreza en el campo, contribuye a la malnutrición y es una de las causas de las migraciones campo-ciudad. Por ejemplo, en 2014 el significativo aumento del número de centroamericanos que intentaron entrar en Estados Unidos coincidió con el comienzo de la sequía de El Niño en el Corredor Seco de Centroamérica (WWAP, 2020). En el otro extremo se ubica el fenómeno de las inundaciones, que ha generado pérdidas económicas directas por casi 35 mil millones de dólares (EM-DAT, 2023). Su cara más crítica se ve en que quienes más sufren sus efectos son las poblaciones urbanas asentadas en las riberas de los ríos o lagos aledaños, y quienes viven en zonas bajas que reciben cantidades de agua en forma súbita por la impermeabilización de calles, avenidas y parques (IPCC, 2022). En esta situación, la relocalización de las familias afectadas no es tarea fácil porque no solo deben cambiar su sentido de pertenencia a un sitio, sino que también deben transformar su trabajo (en muchos casos asociado al río como es la pesca).

La falta de oportunidades condiciona las posibilidades de un desarrollo humano y social pleno, ahondando la pobreza multidimensional

La falta de oportunidades condiciona las posibilidades de un desarrollo humano y social pleno, ahondando la pobreza multidimensional. Por ello, desde CAF estamos comprometidos con apoyar a los países para avanzar en sus agendas de seguridad hídrica, desde programas y proyectos destinados a áreas periurbanas (como la zona de la Rinconada en Lima, Perú), o bien en los territorios rurales de Bolivia (con el programa MiAgua que lleva más de 12 años y que ha contribuido a aumentar la cobertura de agua rural del país de manera significativa). Del mismo modo, hemos avanzado en proyectos para el control de inundaciones en Argentina, como en el caso del río Luján, y de las cuencas urbanas de la isla de Trinidad en el Caribe. Adicionalmente, tenemos varios proyectos de drenaje pluvial en múltiples ciudades de Brasil y Ecuador, y seguimos avanzando en proyectos para la gestión de sequías. En marzo de este año, con motivo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el agua, hemos presentado nuestro compromiso voluntario para destinar 4.000 millones de dólares en proyectos de seguridad hídrica entre el año 2023 y 2026.

¿Qué probabilidades tiene, por ejemplo, una niña que forma parte de un grupo vulnerable de convertirse en una profesional exitosa si debe acarrear a diario agua para su familia y, por lo tanto, no acude a clases regularmente? Esta es una realidad cotidiana para millones de niñas de nuestra región, y es también un reto urgente que debemos enfrentar.

El reto es sustancial, y los avances significativos solo son posibles con el aporte de todos. En paralelo, el acceso a los servicios de agua y saneamiento es un derecho humano y nuestra tarea conjunta es garantizar que todos lleguen a ese destino con un sentido de equidad y justicia social.