En el marco de su función de control y supervisión, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba lleva a cabo un proceso de alta fiscalización al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) con el objetivo de garantizar la eficiencia, transparencia y sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos del país. Este proceso se enmarca en la importancia estratégica que el agua tiene para el desarrollo socioeconómico, ambiental y humano de Cuba, así como en la necesidad de asegurar su uso racional y equitativo en un contexto de cambio climático y escasez hídrica.

La alta fiscalización realizada por la Asamblea Nacional se fundamenta en el principio de rendición de cuentas y busca evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la gestión del agua por parte del INRH. Para ello, se realizan auditorías, inspecciones, seguimiento de indicadores y análisis de resultados, con el fin de identificar posibles desviaciones, ineficiencias o irregularidades en la administración de los recursos hídricos y proponer medidas correctivas o de mejora.

Uno de los aspectos clave de este proceso de alta fiscalización es la participación activa de la sociedad civil y de los actores locales en la vigilancia y monitoreo de la gestión del agua, lo que contribuye a fortalecer la transparencia, la responsabilidad y la legitimidad de las acciones emprendidas por el INRH. Asimismo, se promueve el diálogo y la coordinación interinstitucional para abordar de manera integral los desafíos y problemáticas relacionadas con el agua, como la contaminación, la sobreexplotación de acuíferos, la deficiente infraestructura hídrica y la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.

El proceso de alta fiscalización de la Asamblea Nacional al INRH también tiene como objetivo impulsar la implementación de políticas y normativas de gestión hídrica acordes con los principios de sostenibilidad, equidad, participación y solidaridad. Se busca promover la inversión en infraestructuras hidráulicas, el fomento de prácticas agrícolas y urbanas sostenibles, la protección de ecosistemas acuáticos y la sensibilización de la población sobre la importancia de cuidar y preservar el agua como un bien común y limitado.

En definitiva, la alta fiscalización de la Asamblea Nacional al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba constituye un mecanismo fundamental para garantizar la adecuada gobernanza del agua, la protección de los derechos hídricos de la población y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de recursos hídricos. Un ejercicio de transparencia y control que apunta a asegurar la disponibilidad, calidad y acceso equitativo al agua para las presentes y futuras generaciones cubanas.

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