De nada vale el extraordinario esfuerzo que realiza Cuba para mejorar la calidad de vida de la población –aun en medio de fuertes limitaciones financieras y de recursos–, si entre todos no se contribuye a preservar lo que se instala.

Así ha ocurrido, por ejemplo, con los sistemas de abasto de agua que funcionan mediante paneles fotovoltaicos, ubicados en cientos de comunidades aisladas de la nación.

En varias provincias del país se han reportado hechos delictivos contra esa tecnología, los que han sido cometidos por personas inescrupulosas que se roban las instalaciones eléctricas y hasta los paneles solares, con tal de obtener ciertas ganancias económicas, sin detenerse a pensar en el daño que causan a los moradores de esos sitios.

De acuerdo con las indagaciones realizadas a directivos y funcionarios de las entidades de Acueducto y Alcantarillado de la provincia de Holquín, al menos tres sistemas de bombeo de los correspondientes al programa, han sido afectados por robos, entre los que sobresale el realizado en la localidad de Pedernales, en las cercanías de la ciudad de Holguín, donde en dos ocasiones se sustrajeron los paneles solares.

Alexander Valdespino Leyva, presidente de Cubasolar en este territorio, dijo que la tasa de hechos contra el equipamiento de las instalaciones fotovoltaicas de bombeo ha ido en avance, ante lo cual se impone la integración de todos los que pueden contribuir a evitar tales fenómenos. «Se trata de tecnologías que no están en grandes parques, sino en sitios aislados, en las cercanías de comunidades, lo que favorece que sean acosadas por personas inescrupulosas, que intentan lucrar con bienes colectivos», explicó el funcionario.

Los delincuentes, dice, actúan igualmente sobre instalaciones fotovoltaicas de bombeo fruto de proyectos de colaboración desarrollados con la participación de entidades extranjeras. Son equipos que se ensamblan con la participación de Cubasolar, y se donan a comunidades con el fin de asegurar agua para consumo humano y animal, además del riego, añadió el directivo.

Puso el ejemplo del proyecto «Agua limpia», gracias al cual, en Manantialito, perteneciente a la comunidad de Rejondones de Báguanos, instalaron uno de esos sistemas de bombeo, pero pasado un tiempo, le robaron los cables.

Por la misma vía, hubo beneficios para los pobladores de Tacámara 4, donde los ladrones se llevaron dos bombas y los cables. De igual modo, en el asentamiento de Playa Girón fueron sustraídos una bomba y otros componentes del sistema.

Asimismo, golpearon a la vaquería Desembarco del Granma, en Lucrecia, Banes, instalación a la que se extendió un proyecto de colaboración dirigido a la mujer y a la agroecología, y estuvieron cerca de llevarse la bomba, pero al ser detectados, se retiraron a toda prisa con los cables, describió el directivo.

«Es normal que en sitios en los que es complejo el abasto de agua se exijan soluciones a las autoridades locales.  Sin embargo, a veces sucede que una vez montados los equipos en la comunidad, esta no es recíproca en la protección de esos bienes que tanto los beneficia», reconoce Valdespino.

Similar situación ha ocurrido en Villa Clara, donde, según el director provincial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Pavel Lázaro Irving Segrera, han ocurrido dos hechos vandálicos, uno en la Zona de Desarrollo Ranchuelo, en la que fueron hurtados los paneles solares, y el otro en un almacén de Logística del territorio.

En este caso, vale reflexionar que no se trata de ver la paja en el ojo ajeno y de culparnos los unos a los otros ante la ocurrencia de hechos tan nocivos, sino de unir todas las fuerzas que coinciden en cada comunidad, donde existen organizaciones políticas y de masas, delegados del Poder Popular, fuerzas del orden y todas las posibilidades para proteger esos equipos.

La experiencia del poblado de Vega Alta, en Camajuaní, Villa Clara, demuestra que, cuando la comunidad se une y participa de manera conjunta, aparecen las soluciones. Allí, el presidente del consejo popular, Fidel Fernández Meneses, se ocupó personalmente de seleccionar como custodio del sistema de bombeo a una persona de extrema confianza, la cual ha garantizado la seguridad del lugar sin contratiempo alguno.

También cabe destacar que las empresas encargadas de concretar esos proyectos, ya sea Recursos Hidráulicos o Acueducto y Alcantarillado, tienen el mayor protagonismo a la hora de seleccionar el lugar más indicado para su ubicación, y los medios de protección de esos equipos, además de la obligación de no desentenderse de esos sistemas una vez colocados, como ha ocurrido en algunos lugares.

QUE LA ALEGRÍA NO SE TRANSFORME EN FRUSTRACIÓN

Quienes atentan contra los bienes que el Estado pone en función de las mayorías, como es el caso de los sistemas de bombeo que funcionan con paneles fotovoltaicos, merecen que sobre ellos caiga todo el peso de la ley.

Así piensan los vecinos de lugares tan intrincados como la comunidad La Rosa, en el municipio de Colón, en Matanzas, donde la instalación de paneles solares para garantizar el abasto de agua aplacó la sequía crónica que padecían sus habitantes.

«Por años soñamos con este beneficio. De verdad que es de las mejores cosas que nos ha pasado», dice Marta Alina García, una campesina nacida y criada en ese sitio, en el que viven unas 300 personas dedicadas, en su mayoría, a la producción de alimentos.  Reacción similar suscitó esa obra en otras comunidades como San Miguel de Azopardo, Camilo Uno, El Roque, Reglita ii, Yemén y Santa Catalina, hasta contar 58 en total en el territorio matancero, en algunos de los cuales las bombas funcionan únicamente a través de los paneles solares, y en otros de forma híbrida.

Igual piensan los moradores del asentamiento Diez de Octubre, en el municipio de Limonar, localidad de unas 1 500 personas, y que marcó la primera experiencia en el cambio de matriz energética en la provincia matancera, o los vecinos de El Rubí, intrincado paraje perteneciente al municipio de Ranchuelo, en Villa Clara, en el que se benefician poco más de 200 personas.

También quienes viven en el reparto Base Aérea, de Santa Clara, o los que lo hacen en comunidades como Jibacoa y Potrero Güinía, en Manicaragua; Los Villalobos y Salvadora, en Quemado de Güines; La Caoba y Manacas, en Santo Domingo; La Quinta y Vega Alta, en Camajuaní; Pozo Pipas, en Ranchuelo; y Juan Francisco Aro, en Santa Clara, entre otros, conocen las ventajas de esta tecnología, y se han alegrado infinitamente cuando, después de muchos meses de sequía, han recibido el líquido. 

Entonces, cabría preguntarse cómo permitir que un puñado de malhechores frustre ese regocijo.

Millones de dólares se han invertido en el cambio de matriz energética para el bombeo de agua, programa que incluye la instalación de 1 312 equipos hasta 2025 en todo el país, con una potencia de diez kilowatts, lo cual genera grandes ventajas como el potencial ahorro de 17 gigawatts anuales, traducidos en 10 000 toneladas de diésel, y entre 42 y 46 millones de pesos cuando finalice ese programa.

Tomado de Granma

No cuidar esos bienes, o permitir que sean hurtados, sería, como solemos decir los cubanos, echar dinero en saco roto.