No pasa un mes desde el inicio de la Tarea Ordenamiento y el tema de los nuevos precios se roba el disparo de salida. Desde los más mediáticos hasta los menos visibles, cada nuevo anuncio despierta la curiosidad popular y los debates más acalorados. De una esquina a otra las preguntas cambian al instante y van desde la exageración de algunos hasta la exactitud de otros. Es un intercambio enriquecedor y necesario.   

A raíz de esos criterios el Estado ha rectificado las tarifas en más de un producto o servicio, en un ejercicio de análisis colectivo esencial para solucionar desviaciones en pos del bienestar común. De hecho, justo ahora otro grupo de precios igualmente se encuentran bajo estudio luego de nuevas alertas sobre incongruencias o excesos.

Proceso transversal tanto para la economía privada como nacional, la formación de precios, la justeza de los establecidos, y sobre todo la corrección de los fallidos, implica una tarea impostergable en pos del éxito de las reformas. Y en tal sentido, continuar las alertas ante lo mal hecho y exigir por una implementación útil de lo dispuesto, se mantienen como pilares de un asunto con mucha historia por contar.   

¿Cómo controlar el aumento exagerado de los precios? ¿Puede el Estado hacerlo únicamente con mecanismos administrativos? Solo esas dos preguntas mueven el debate en cualquier conversación al respecto. Marino Murillo aclaró una parte de la estrategia durante una de sus intervenciones en la Mesa Redonda: combatir el alza injustificada con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores.

Para ello, se les han dado amplias facultades a los Gobiernos locales para topar y mover tarifas en dependencia de las situaciones particulares de sus territorios. No obstante, sí existen un grupo de precios centralizados establecidos de forma similar para todo el país. Para unos y otros, el control popular y de las instituciones encargadas de hacerlo resulta fundamental.

Según Meisi Bolaños Weiss, titular de Finanzas y Precios en la Isla, en los primeros trece días de enero ese ministerio recibió 497 comunicaciones de la población, pero solamente 78 consistían en denuncias directas. A todas luces, la cifra es demasiado baja en medio de un contexto con innumerables cuestionamientos respecto a la aplicación de las normas aplicadas.

Asimismo, el Ministerio de Comercio Interior reporta más de 52 mil 600 inspecciones desde el anuncio de la Tarea Ordenamiento y el 13 de enero último. En el 47 % de ellas apareció algún tipo de violación, sobre todo en los mercados de productos agropecuarios. El 39 % de las contravenciones aparecen en el sector estatal, mientras que el resto ocurrió entre los cuentapropistas.

La Tarea Ordenamiento es todavía joven en Cuba y tiene un largo camino por recorrer. Sortear con éxito la implementación de los nuevos precios, comprender su necesidad y enmendar los errores surgidos por desconocimiento, malas lecturas o violaciones a lo dispuesto, surge como un asunto impostergable. Mantener la escucha al pueblo, defender a toda costa la protección a los más vulnerables y fortalecer el sistema empresarial sin echar sobre los hombros de otros sus ineficiencias acumuladas, he ahí la puerta del éxito.  

TOMADO DE: CUBADEBATE  Por: Yunier Javier Sifonte Díaz